Declaración del MRO: Luchemos contra la LUC y todas las leyes antiobreras. No firmamos por ninguno de los referéndums.

   


En un contexto de un enorme golpe sobre las condiciones de vida de las masas populares, producto del aumento del desempleo, la rebaja salarial, y la flexibilización laboral, que en el marco de la pandemia se han desatado a raíz de las medidas tomadas por el gobierno, el tema central que levanta la oposición frentamplista e incluso la mayoría de los sectores de la izquierda es el referéndum contra la LUC.

 

A fines de los 15 años de gobierno frenteamplista, luego de 16 años de crecimiento de la actividad económica, más de trescientas mil personas tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, al tener en cuenta las condiciones de vida, en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, esa cifra se eleva hasta superar el medio de millón de personas que vivían en la pobreza antes de que el FA consumara el reciclado de la derecha tradicional, traspasando el gobierno a la coalición multicolor.

 

Según datos oficiales, en el 2019 había casi un 70% de trabajadores que no pagaban IRPF, es decir que sus sueldos no llegaban a 29 mil pesos nominales, es decir que no alcanzaban los 24 mil pesos líquidos. Después de 15 años de gobierno del FA con crecimiento récord de la economía, más de dos tercios de los trabajadores cobra prácticamente un cuarta parte de la canasta familiar. Además de esto, a principios del 2020 un 25%, es decir la cuarta parte, de los trabajadores de nuestro país trabajaban en negro. El desempleo en febrero de 2020, último mes de gobierno frenteamplista, fue de 10,5% de la población económicamente activa, unos 190 mil trabajadores, el valor más alto en 13 años.

 

Esta breve exposición muestra que, gracias a la política proimperialista del Frente Amplio, enfocada en asegurar las ganancias del gran capital, exactamente de la misma manera que la del actual gobierno, las condiciones de vida de las masas populares eran extremadamente precarias y vulnerables ya antes de asumir el actual gobierno y antes de la LUC.

 

Por otro lado, los sucesivos gobiernos frenteamplistas han generado un crecimiento constante del accionar represivo sobre los trabajadores y los sectores populares. Como muestra, se puede mencionar el decreto de Mujica en 2010 prohibiendo la ocupación de edificios públicos. La creación, también bajo el gobierno de Mujica, de la Guardia Republicana, la cual es dotada de jurisdicción nacional, entregandosele también el control de las rutas, y armada a guerra por el gobierno frenteamplista, que comenzó con la aplicación de los llamados megaoperativos. La ilegalización de la huelga docente en 2015, cuando el homenajeado por el PIT-CNT, Tabaré Vázquez, decretara la esencialidad de la misma, y la posterior brutal represión en el desalojo del CODICEN. El decreto antipiquetes aprobado también por Tabaré Vázquez en 2017, que habilita a la policía a disolver cualquier corte de ruta o calle. La ley antiterrorista aprobada bajo la mayoría parlamentaria del FA. La ley que otorga jurisdicción al ejército en una enorme porción del territorio nacional, franjas de 20km a partir de las fronteras, aprobada en 2018, bajo la mayoría parlamentaria del FA y regulada por decreto de Tabaré Vázquez en diciembre de 2019, pocos meses antes de entregar el gobierno a Lacalle. “En lo que va del año van 31 delincuentes muertos y ningún policía procesado..” decía Daniel Martínez con orgullo en el debate presidencial de noviembre de 2019.

 

Obviamente podríamos continuar enumerando largamente las acciones de política represiva contra los trabajadores y los sectores más pobres y marginados de nuestro pueblo llevadas adelante por los gobiernos frenteamplistas, pero de lo que se trata es, simplemente con una muestra, establecer que es caer en lo ridículo el pretender esperar que el Frente Amplio lleve adelante una lucha contra la política represiva del actual gobierno.

 

En educación el FA ha desconocido sistemáticamente los planteos y las luchas de los trabajadores, ha reprimido huelgas, ha llevando adelante una política de fragmentación del sistema, de desmantelamiento de la estructura de la ANEP, de violación de la autonomía de los desconcentrados, de apertura de la educación a los negocios del sector privado, mediante la ley de PPP, por ejemplo.

 

Claramente la participación de representantes electos por los docentes, en absoluta minoría en los consejos desconcentrados y en el CODICEN ha sido simplemente una caricatura de participación que nada tuvo que ver con lo que planteaba por parte de trabajadores y estudiantes acerca del co gobierno.

 

También en este aspecto es claro que no se puede esperar, sin caer en el irrealismo más absurdo, que el FA asuma una lucha en contra del avance privatizador en la educación y en la flexibilización de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la ANEP y contra la rebaja del nivel de la educación que reciben los estudiantes.

 

La LUC

 

La LUC consiste en una ley que expresa la continuación y profundización de algunos aspectos de la política represiva, de la política educativa y de la política en general llevada adelante por los gobiernos anteriores.

 

Como todo el cuerpo legal vigente expresa esencialmente los intereses de la gran burguesía imperialista y sus socios locales.

 

El gobierno de coalición busca con la misma generar las bases para una mejor ejecución de las políticas que ya se venían ejecutando en contra de los intereses populares. Busca eliminar trabas legales para el accionar represivo de la policía en contra de las expresiones de lucha popular y contra la delincuencia de origen social, es decir la que proviene de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Busca esta ley también agilizar la toma de decisiones en política educativa sustituyendo organismos pluripersonales por direcciones unipersonales, favoreciendo la verticalidad en la toma de decisiones. Establece también una profundización en la injerencia del sector privado en la educación publica, injerencia que ya existe desde hace muchos años, por supuesto.

 

El FA y la LUC

 

Si bien el Frente Amplio pretende presentar públicamente a esta ley como un elemento central de ruptura con las políticas llevadas adelante por sus sucesivos gobiernos, esto claramente no es así ya que los principales aspectos de la ley constituyen profundizaciones a la línea política frenteamplista.

 

En la oposición el Frente Amplio tiene como único norte recuperarse de la derrota electoral de cara a las próximas elecciones.

 

No cuestiona ningún aspecto central de la política del gobierno de Lacalle y sus socios de la coalición, por la sencilla razón de que el programa es en esencia el mismo.

 

El Frente Amplio votó en el parlamento más de la mitad de los artículos que contenía el proyecto de Ley de Urgente Consideración enviado por el Ejecutivo. En cuanto al presupuesto, también el FA votó un alto porcentaje de los artículos enviados por el Ejecutivo, pero aún más importante es que no hay, ni puede haber por supuesto, ningún planteo crítico del FA acerca de los temas centrales de la política económica del país que no se ponen a discusión en las leyes de presupuesto, estos son la dependencia del imperialismo, el pago de la deuda externa, los enormes beneficios fiscales y de todo tipo al gran capital imperialista, la estructura impositiva del estado que recae casi exclusivamente sobre los trabajadores. En todos estos temas hay total acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno.

 

Incluso en el próximo gran tema que se abordará a nivel político, que es la reforma de la seguridad social, el Frente Amplio, y todos sus aparatos sindicales y sociales, ya integran en conjunto con el actual gobierno la comisión de la cual emanarán los grandes lineamientos de la reforma, lineamientos que obviamente pasarán por el aumento de la edad jubilatoria y el aumento del peso del conjunto del sistema sobre los hombros de los trabajadores, profundizando la política de eximir al gran capital de todo tipo de aportes.

 

Con este panorama no puede extrañar que ni siquiera para impulsar la recolección de firmas contra una mínima parte de los artículos de la LUC haya acuerdo general en la interna del FA y en todos los aparatos que dirigen las grandes organizaciones de masas.

 

Dentro del FA, por ejemplo, Yamandú Orsi, una de las principales caras visibles del MPP, dice que no participará de la campaña, la ONAJPU, principal organización de jubilados tampoco lo hará, el histórico sindicato de Bella Unión, UTAA, identificado para siempre con el Bebe Sendic, ahora dirigido por militantes del partido Nacional,  tampoco participa de la campaña. Además de esto, tanto el Frente Amplio como la burocracia sindical y social demoraron cinco meses en decidirse a impulsar el referéndum.

 

Todo eso genera una imagen de debilidad, un mensaje derrotista que colabora en el clima general de quietismo entre las masas populares, que no ven una alternativa creíble por donde canalizar su necesidad de luchar ante una situación económica y social que se hace desesperada para grandes sectores de nuestro pueblo.

 

La burocracia sindical y social

 

Por su parte, los aparatos sindicales frenteamplistas que dirigen las principales organizaciones de masas de nuestro país, PIT-CNT, FEUU, FUCVAM, adoptan obviamente el planteo emanado del FA, de plantear la existencia de un quiebre en la política económica, represiva, educativa, y en la política del estado en general, a partir del 1 de marzo del 2020.

 

Sin embargo también la cúpula sindical y social frenteamplista ha estado negociando constantemente con el gobierno y acordando en contra de los intereses populares. En julio el PIT-CNT firma con el gobierno el acuerdo que consagra la rebaja salarial para el sector privado. Un acuerdo logrado en tiempo récord, según palabras del ministro de trabajo Mieres. Mediante el mismo se acuerda entre la burocracia sindical, las patronales y el gobierno la rebaja de los ya reducidos salarios reales al menos hasta el 2022.

 

Posteriormente la misma burocracia saluda la rebaja de salarios a los funcionarios públicos, contenida en el presupuesto, cuestionando simplemente el tiempo que tardaría en darse la posible recuperación, pero no el hecho de la pérdida salarial en sí.

 

La política económica llevada adelante por el gobierno en el marco de la pandemia ha dejado a decenas de miles de familias dependiendo de ollas populares o canastas de mercadería para poder comer, decenas de miles de personas han ido al seguro de paro, pero muchos más ni siquiera gozan de ese beneficio porque trabajaban en negro o eran cuentapropistas. Sin embargo las organizaciones sindicales y sociales bajo la hegemonía frenteamplista no plantearon ninguna lucha seria en defensa de nuestra clase trabajadora.

 

¿Realmente alguien puede plantear seriamente que unirse con esta burocracia, totalmente atada a los lineamientos políticos del Frente Amplio y por lo tanto sometida a la conciliación con el gobierno, es un camino que conduce a profundizar la lucha popular?

 

La izquierda y el clasismo

 

Lamentablemente en muchos sectores de la izquierda y el clasismo se impulsan discursos que apuntan a generar falsas espectativas en la clase trabajadora, planteando la posibilidad de la unidad para luchar contra el gobierno con las corrientes burocráticas que dominan todas las grandes organizaciones de masas del país. Esta política, llevada adelante con el discurso de pegarse a las bases frenteamplistas, solamente sirve para debilitar a la clase, aportando más confusión en vez de aportar a la clarificación de quienes son los verdaderos aliados y quienes los verdaderos enemigos de la lucha de nuestra clase obrera y del pueblo explotado.

 

En ese sentido para la izquierda y el clasismo es una tarea central denunciar la complicidad del progresismo, no solo a nivel político sino a nivel de las organizaciones sindicales y sociales que dirige el mismo, con un gobierno que lleva adelante una política tan contraria a los intereses de los trabajadores y los sectores explotados del pueblo, como la de los anteriores gobiernos frenteamplistas.

 

Nuestra postura

 

Por lo expresado, manifestamos nuestro rechazo a toda colaboración en la campaña llevada adelante por el Frente Amplio y sus aparatos sindicales y sociales. Pretender que con la eliminación de 135 artículos de la LUC se va a frenar la represión, la privatización de la educación y toda la política antiobrera y antipopular del gobierno es una mentira descarada de estos sectores que solamente piensan en la campaña electoral hacia el 2024.

 

Al mismo tiempo no compartimos la iniciativa de juntar firmas hacia un referéndum para derogar el total de la LUC, porque, por un lado colabora en la campaña frenteamplista de reducir la política represiva, de reforma privatizadora en la educación, y todo el conjunto de la política del actual gobierno, a una sola ley. Si se plantea eliminar la LUC ¿por qué no eliminar la ley antiterrorista? ¿Por qué no ir contra la ley de procedimiento policial? ¿O contra todo el conjunto de leyes que han venido aprobando todos los sucesivos gobiernos y que constituyen el amparo legal para el accionar de un aparato represivo que ha crecido enormemente en los gobiernos frenteamplistas y que es usado todos los días contra la lucha de los trabajadores y contra los sectores más pobres de nuestro pueblo?

 

Por otro lado si lo que se quiere es plantear una lucha de conjunto contra la política del gobierno, llevar la misma hacia el terreno de la institucionalidad electoral es repetir procesos que ya han demostrado una y otra vez su agotamiento. Basta recordar como los gobiernos anteriores han desconocido uno tras otro los plebiscitos triunfantes, por ejemplo el plebiscito contra la privatización del agua que el primer gobierno de Tabaré Vázquez ignoró olímpicamente nada más asumir.

 

Más grave aún nos parece la política de oportunismo extremo de llamar a firmar por los dos referéndum. Es el colmo del seguidismo de masas. Con esa posición ya directamente no se diferencia nada, no se plantea nada, no se busca diferenciarse de nadie, sino que se busca parecerse a todos para buscar alguna mayor aceptación de una base frenteamplista que de cualquier manera, obviamente, ante esta situación seguirá fiel al FA y, al mismo tiempo, tampoco se quiere romper con los sectores críticos que de alguna manera buscan, con la presentación del referéndum contra la totalidad de la ley, distanciarse al menos de la vergonzosa entrega de la lucha de nuestro pueblo que hace una y otra vez la burocracia sindical y social frenteamplista.

 

Ante la situación actual de hegemonía del reformismo sobre la conciencia popular, con su política de lo menos malo, de lo posible en el marco capitalista y de la institucionalidad democrática burguesa, asumir una política de seguidismo de masas, de plantear lo que es aceptable, lo que no generará choques con la base frenteamplista, es renunciar de hecho a la lucha por construir una alternativa clasista y con perspectiva revolucionaria.

 

El inevitable primer paso para comenzar a tener reales posibilidades de enfrentar la política económica, la política represiva y el conjunto de la política antipopular del gobierno es romper con el seguidismo a la política frenteamplista.

 

La LUC es una parte más, la más reciente, de todo el aparato legal que oprime a nuestra clase y a los sectores más pobres de nuestro pueblo.

 

A la misma, al igual que a toda la política de ajuste, de rebaja salarial, de desempleo, de flexibilización laboral, de aumento constante de los beneficios del gran capital, de represión contra la lucha de los trabajadores y el pueblo explotado, de marginación y represión contra los sectores más pobres del pueblo, de privatización de la salud y de la educación, de entrega de los recursos naturales al imperialismo, de mantenimiento de la sangría de la deuda externa, en definitiva a toda la política antipopular del actual gobierno, continuación y profundización de la política que durante 15 años llevó adelante el FA, solamente se la enfrenta con la lucha en pos de un programa de soluciones populares inmediatas y de transformaciones profundas en la estructura económica y social del país.

 

En lo inmediato, entendemos que la tarea no es esperar a la posibilidad de que se junten las firmas para ir a un referéndum y ver ahí la posibilidad de derogar la LUC o parte de ella. Mientras eso pase, si es que llegara a pasar, seguirán surgiendo luchas de trabajadores que serán reprimidas al amparo de la LUC y de todo el aparto legal vigente. La tarea en estos momentos es impulsar esas luchas, por salario, trabajo, contra los despidos, contra la represión, contra la privatización de la educación y la salud, etc. Luchas que serán aisladas, como hasta ahora, por la burocracia sindical y social, y que deberemos rodear de solidaridad con la perspectiva de la unificación de las mismas y el impulso de un programa político de cambios profundos.

 

Para avanzar en ese camino es indispensable romper con el seguidismo a la política frenteamplista y asumir la necesidad de construir una alternativa clasista en el movimiento obrero y popular, a partir de la unidad de los luchadores clasistas y al mismo tiempo generar una alternativa política a partir de la unidad de la izquierda consecuente.