Saga del Renegado VIII: El gobierno progresista y los DDHH en las cárceles

27.Ago.09    La Saga del Renegado
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Ha sido observado y condenado por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) por la violación a los DDHH en las cárceles. Además es el responsable del asesinato de los cinco presos del Comcar.


La mayoría del conjunto de los miembros del Gobierno Progresista está integrado por ex presos políticos de varias cárceles en nuestro país, de cárceles de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, etc., o sea que conocen con sus propias experiencias los sistemas carcelarios tanto de los procesos democrático-burgueses recortados o “democraduras” (períodos de Pacheco Areco y Bordaberry, hasta que le entrega el mando a los militares) como los de los regímenes terroristas de estado.

Las denuncias de otrora de los actuales gobernantes progresistas

Llenarían los estantes de un piso de la Biblioteca Nacional las denuncias efectuadas por integrantes, organizaciones y publicaciones del movimiento popular, pero sobre todo, de los integrantes de los actuales partidos y movimientos del Partido Frente Amplio, en los períodos de los Gobiernos de Pacheco y Bordaberry, con respecto a las violaciones de los derechos humanos en las cárceles y lugares de reclusión. No nos estamos refiriendo al período de la dictadura terrorista de Estado, cuyas violaciones a los derechos humanos son ya de conocimiento público nacional e internacional y lo confirma la recolección de los cientos de miles de firmas que generaron un referendo contra la impunidad, que se plebiscitará en octubre próximo.
Los primeros presos políticos de la década del 60 en un principio fuimos derivados a Cárcel Central, Cárcel de la calle Miguelete y posteriormente, a partir de 1969, concentrados en el Penal de Punta Carretas. Las mujeres eran derivadas hacia Cárcel Central y la Cárcel de la calle Cabildo.
¿Cuales eran las denuncias que efectuábamos? Eran denuncias que además de nuestras capturas con golpizas y en algunos casos ajusticiamientos, también arrestos arbitrarios, robos en los allanamientos, interrogatorios con torturas, violaciones a compañeras y compañeros, amedrentamientos a los familiares, violaciones a nuestros derechos procesales (años sin condena) a nuestra condición de reclusos, etc., todo ejercido por la policía “institucional y constitucional”, le sumábamos las denuncias de la situación carcelaria de la mayoría de los presos llamados comunes y que nosotros comenzamos a denominar “sociales”.
Denunciábamos el hacinamiento, los presos sociales nos informaban que existían jueces que vendían los procesamientos, las condenas y las libertades anticipadas donde cada delito tenía un precio, la posibilidad de zafar de arrestos por coimas por la corrupción policial, la falta de atención médica y de medicamentos, la falta de prevención y cuidado a los tuberculosos y sifilíticos, el tráfico de la comida, el robo de los abastecimientos, los abusos en las requisas en la celda con o sin “embagayes”, las requisas indignantes y los acosos sexuales a los familiares, la corrupción de la guardia que introducía alcohol y droga, la rifa de los presos nuevos para ser violados dejando las puertas de la celda sin tranca la misma noche de su llegada, los pasajes al calabozo en forma arbitraria para descomunales palizas, las muertes por encargo, el traslado de reclusos de un sector carcelario a otro, donde les esperaba la muerte por venganzas juradas de miembros de una misma banda o de otras, los incentivos al “buchón” y al alcahuete, etc.
Esa situación de la vida carcelaria, sobre todo en el Penal de Punta Carretas, llevó a que un comando tupamaro en enero de 1972 ejecutara al Inspector Leoncino de la Guardia Carcelaria de Punta Carretas, como responsable de las violaciones y como advertencia para el resto de los verdugos.
Todos los presos políticos que estábamos en ese tiempo en Punta Carretas, ANTE EL CONOCIMIENTO DEL HECHO, recordamos la explosión de alegría de miles de presos sociales que duró varios minutos con golpeteos a las puertas y gritos de alegría por una rabia contenida por años.

Las actuales denuncias de los familiares de presos sociales, de la Asamblea Solidaria de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de DDHH pronosticaron que podían suceder hechos como la tragedia del Comcar.

Tras cinco años de gobierno progresista, con crecimiento sostenido de la economía, con montos siderales e históricos de pago de intereses y amortizaciones de deuda externa, votación de presupuestos de ingresos de privilegio a ministros, senadores, diputados, directores de entes, directores políticos y jerarcas del estado, concesiones millonarias en dólares a empresas privadas, con tercerizaciones de todo tipo del patrimonio estatal y municipal, adjudicación a empresas extranjeras de patrimonio y soberanía nacional, todo en un mar de corrupción y coimas denunciadas ante la justicia y otras observadas por el Tribunal de Cuentas y desconocidas por el gobierno, ¿qué pasa con el procedimiento policial, el sistema procesal, la vida en las cárceles?
Procedimiento policial, sistema procesal y cárceles todas dirigidas hoy por ex presos políticos, ex dirigentes sindicales, ex guerrilleros, etc., que repito fueron los presos del ayer, son responsables y cómplices de la violación de los derechos humanos en las cárceles y centros de detención
Todas las denuncias efectuadas en el pasado sobre las violaciones a los DDHH mantienen plena vigencia bajo la actual administración progresista.
¿Cómo hay que calificarlos al conjunto de renegados de izquierda que se han encaramado en el gobierno y que aspiran a un nuevo periodo para “profundizar los logros y los cambios”?
En estos cinco años pagaron y adelantaron el pago de la deuda externa por unos diez mil millones de dólares, mientras que unos cientos de millones de dólares bastan para un plan nacional de viviendas populares para erradicar asentamientos, dando trabajo a los propios interesados que se encuentran marginados y desocupados. Generando trabajo con un salario mínimo de media canasta familiar (17 mil pesos), computando como tiempo de trabajo las horas de estudio incluyendo incentivos materiales para quien aprobara el curso, todo en medio de un apoyo profesional de la asistencia social, atacando las causas y no generando los viejos mecanismos de represión del estado sobre las consecuencias.
Tienen de rehén a un pueblo confundido y engañado ante la falsa oposición de Lacalle o Mujica, cuando la realidad es que gane quien gane el pueblo pierde.
Le han legitimado a los trabajadores y a los sectores populares todos los caminos de lucha que objetivamente no pasan por opciones electorales de los partidos tradicionales y el progresismo.

MARIO ROSSI GARRETANO

Secretario Político del MRO.
Ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales.
Preso político durante todo el período dictatorial (1973-1984).
Candidato a Presidente por COMUNA en las pasadas internas.

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