BOLIVIA: CON LA NUEVA CONSTITUCION, SE AGUDIZAN LAS CONTRADICCIONES

06.Feb.09    Internacionales
    ()

Bolivia tiene nueva constitución: de acuerdo con el escrutinio del 99,98 por ciento, de la Corte Nacional Electoral (CNE), el proyecto constitucional fue aprobado en el referéndum del 25 de enero con el 61,43 por ciento. Se podría decir que la nueva Constitución ha arrasado en las zonas rurales y campesinas (con un 82% a favor y un 18% en contra), pero que en las ciudades los apoyos han sido mucho más matizados (52% frente a 48%), mientras que la victoria del no en la media luna dará, sin duda, fuerzas a la oposición
En estas condiciones, es muy probable que la nueva Constitución no mejore la gobernabilidad del país, sino que su aplicación dé origen a nuevos conflictos. La oposición se esforzó inmediatamente en construir una imagen de “empate técnico” (teniendo en cuenta el ámbito territorial), que obligue a Evo Morales y a su Gobierno a embarcarse en la negociación de un gran pacto nacional. La idea es negociar la aplicación de los estatutos de autonomía ya aprobados en los departamentos rebeldes, en muchos aspectos radicalmente contradictorios con el contenido de la nueva Constitución.
La oligarquía continua apostando a la balcanización del país, e interpretan el resultado del referéndum en el sentido de su tesis de que Bolivia está dividida en dos, reivindicando la autonomía de los cuatro departamentos que han rechazado el “proyecto constitucional masista” (Pando, Beni, Santa Cruz, y Tarija) y que apoyan los Estatutos Autonómicos redactados por las prefecturas y comités cívicos opositores al gobierno. Esta interpretación oculta lo sucedido en la provincias y áreas rurales orientales (las provincias son el nivel inmediato más pequeño de división territorial dentro de un departamento), donde ganó el Sí a la constitución, como, por ejemplo, en las provincias del norte y oeste cruceño, en por lo menos una provincia del departamento de Pando y en una gran parte de las provincias del departamento de Chuquisaca. Es decir, dentro de cada departamento aparentemente hegemonizado por el No a la propuesta de constitución, existe un importante núcleo de resistencia que echa por tierra la hipótesis de que estos territorios son totalmente contrarios a esto que hasta ahora en Bolivia se denomina como “proceso de cambio”.
Sin embargo, que Bolivia está confrontada internamente es cierto, más no en el sentido que le pretende dar la oligarquía. Bolivia siempre ha estado atravesada por divisiones y distinciones de clase, raza y género, y es la lucha de las fuerzas y clases populares contra las fuerzas oligárquicas y conservadoras lo que ahora se esta viviendo.
En el centro de las contradicciones esta la propiedad de la tierra: el 91 % de las tierras cultivables de Bolivia son de propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que, los grandes propietarios de tierras, que son el 5 % de la población son dueños del 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras. Los terratenientes de la Media Luna, verdaderos “barones” feudales, enriquecidos con las exportaciones de soja, la especulación inmobiliaria, y su asociación con las transnacionales petroleras, no están dispuestos a que se les ponga coto a sus astronómicas ganancias
En el nuevo texto constitucional el tema que ha centrado la atención es el tema del latifundio e inmediatamente luego de su aprobación se va convirtiendo en eje de enfrentamientos muy duros.
En la pregunta referida al número máximo de hectáreas que va a ser permitido poseer, ha ganado la opción de 5 mil hectáreas con un 78%, frente al 22% que votó por 10 mil hectáreas. En Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, lugares donde los ganaderos, hacendados y latifundistas además de poseer inmensas posesiones de tierra y mucho poder político, la opción por las 5 mil hectáreas también ha ganado. “Se acabó el latifundio” afirmó el presidente en su discurso de festejo ante cientos de personas el 25 de enero. Sin embargo la ley no es retroactiva, en un país donde 15 familias o sociedades poseen más de 512 mil hectáreas de tierra en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, la Nueva Constitución Política del Estado garantiza el respeto a la propiedad privada sobre grandes predios, lo que en los hechos consagra legalmente el mantenimiento de la actual estructura de propiedad latifundista de la tierra.
Esto ha generado ya varios reclamos sobre todo de organizaciones indígenas, que exigieron desde su inicio “tierra y territorio”, y el saneamiento de sus tierras comunitarias de origen (TCO), ya que muchos propietarios latifundistas obtuvieron tierras antes comunitarias gracias a las “magnánimas dotaciones” que recibieron por parte de gobiernos dictatoriales. Frente a estos reclamos, el gobierno ha dicho que va a implementar la ley de Reversión de tierras: tierra no labrada o con un fin social, será revertida al estado. Sin embargo, las dudas sobre este proceso están muy presentes, ya que los dueños de tierras se han dado muchas maneras y han practicado varias artimañas, “legales” o no, para mostrar sus tierras como productivas y evitar así su reversión, también han recurrido a los enfrentamientos armados en “defensa” de sus propiedades (persiguieron a indígenas guaraní con armas y perros, a inicios del 2008).
Mientras el artículo 399 de la recientemente aprobada constitución dice: “los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley” (NCPE, artículo 399), la interpretación es diferente para el máximo dirigente de la Confederación Sindical de campesinos a nivel nacional, Isaac Avalos, a partir de ahora, afirma: “como sector vamos a exigir que se comience a obligar a que los grandes terratenientes devuelvan las propiedades que tienen por demás para el Estado las redistribuya entre los campesinos. La constitución es muy clara: las personas que tienen, por decir, 100 000 hectáreas ahora deberán devolver 95 000 al Estado”. (La Prensa, 26 de enero de 2006).
De hecho, a dos días de aprobado el referéndum, el martes 27 de enero, se han iniciado toma de tierras y predios en Santa Cruz, por iniciativa del Movimiento Sin Tierra.
Por su parte los empresarios agroindustriales han afirmado que se está limitando la producción y que no cederán un milímetro de sus tierras.
El resultado del referéndum, lejos de tender a la estabilización del país, propicia condiciones para la agudización de las luchas entre los sectores populares, particularmente los campesinos, frente a la oligarquía.
Pero también los sectores obreros parecen apoyarse en este tema para relanzar la lucha: inmediatamente después del triunfo del si, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) no descartaron que se sumen a las medidas para cerrar la Cámara de Senadores, porque esta instancia parlamentaria está controlada por la oposición y podría frenar la aprobación de varias leyes para poner en vigencia el nuevo texto constitucional.
Como se ve, el alcance de la nueva constitución ya es sobrepasado por las reivindicaciones de los sectores populares.
Hay que tener en cuenta también que el gobierno de Evo Morales accedió a la rebaja del texto aprobado por la Constituyente, durante las negociaciones con los partidos de la oposición, previas al referéndum. En esa instancia se hicieron modificaciones del texto original, como la eliminación del Senado y se agrego el articulo que establece que el limite de la extensión de tierras (que finalmente será de 5 mil hectáreas) no tuviera efecto retroactivo.

Es que hay que definir claramente el carácter del gobierno del MAS: en Bolivia, no gobierna hoy en día ni la clase obrera ni los indígenas originarios y campesinos; tampoco la derecha oligárquica e imperialista, dirige y gobierna la pequeña burguesía democrática que no está ganada por el imperialismo, que cuenta entre algunos de sus rasgos característicos el oscilar de posiciones muy radicales a otras conservadoras.

En tanto las organizaciones campesinas e indígenas, ya sean las influidas por el MAS, pero también aquellas pertenecientes a sectores críticos al gobierno mantienen una presión activa sobre este y al mismo tiempo se encuentran alertas ante los embates de la derecha, como lo demostraron en sus últimas acciones. Sin embargo esto no alcanza. La alianza de la oligarquía y el imperialismo yanqui, con el visto bueno de las transnacionales petroleras, es un enemigo poderoso que va a requerir más que algo de presión para ser derrotada. La consecuencia combativa de las masas y su capacidad de madurar una dirección revolucionaria son los factores claves para el triunfo popular.
Para los pueblos indígenas originarios, la clase obrera boliviana, los campesinos, los revolucionarios, continúa a la orden del día la necesidad de construir el Frente Único. En ese sentido, acciones comunes como el cerco a Santa Cruz, la marcha de Caracollo a La Paz, constituyen elementos que preanuncian una mayor unidad del pueblo boliviano.

Tiempos decisivos se avecinan, la lucha en Bolivia es fundamental para el destino de Latinoamérica, el imperialismo hace tiempo que esta actuando en apoyo a la oligarquía y al agudizarse las contradicciones descargara todo su peso para aplastar al pueblo boliviano.
Los pueblos latinoamericanos tenemos el deber de responder con la solidaridad más amplia y con todos los medios a nuestro alcance.

MRO-FRAS